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La pelea que se está dando en la Corte Constitucional sobre el momento adecuado para inciar la educación sexual es una evidencia más de que en Colombia los derechos sexuales y reproductivos siguen teniendo que luchar contra un manto de misticismo que, fundamentado en el pudor, prefiere no enfrentar sin tapujos el problema de los embarazos en adolescentes y la transmisión de enfermedades por vía sexual. Los hechos demuestran que ignorar la situación no la hará desaparecer.
El caso es el siguiente: la Ley 1146 de 2007, en su artículo 14, establece que es obligatorio para todos los establecimientos de educación media y superior dictar una cátedra de educación sexual a sus estudiantes. Sin embargo, en concepto de los demandantes ante la Corte (el colectivo Sin Embarazos en Adolescentes), esa medida se queda corta pues no incluye a los estudiantes de preescolar y educación primaria, los cuales son centrales para sembrar las semillas que reducirán el número de embarazos adolescentes.
La oposición llegó desde la Procuraduría General. Como ha sido habitual desde la llegada de Alejandro Ordóñez, el Ministerio Público que preside se convirtió en la voz del activismo moralista conservador. En un concepto enviado a la Corte, Ordóñez argumentó que este tipo de educación a una edad tan temprana generaría una “curiosidad hacia conductas sexuales que aceleren de manera inconveniente el inicio sexual de los niños / niñas y adolescentes con el ya consabido riesgo de embarazos adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual”.
Son dos los problemas que tiene esa posición. Primero, continúa el mensaje de que la sexualidad es una experiencia ajena a los niños y adolescentes. Por supuesto que el lenguaje que se emplee en las cátedras irá cambiando a medida que los estudiantes crezcan, pero no hay motivos para que antes todo lo relacionado con el sexo sea un tabú. Los impulsos del deseo, perfectamente naturales, se empiezan a manifestar desde edad temprana, y los jóvenes necesitan orientación y respuestas sinceras a sus preguntas. De lo contrario, preferirán resolverlas en fuentes menos confiables o, incluso peor, permanecer en la ignorancia. Insistimos: ¿qué tiene tan grave la sexualidad responsable que amenaza con dañar el desarrollo de los niños? A menos, claro, que el sexo en general se vea como una actividad que merezca recelo.
El segundo problema tiene que ver con la evidencia. Dice el procurador que su preocupación es fomentar el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, pero, sin esa cátedra, el país registra cifras de 408 nacimientos diarios cuyos padres están entre los 10 y los 19 años. Según el DANE, entre el 2008 y el 2013 en promedio cada año han nacido 159.656 hijos de madres en ese rango de edad. Madres que, por cierto, en su gran mayoría son condenadas a la pobreza por las responsabilidades que genera el tener hijos. Es decir: el misticismo y el pudor han fracasado en prevenir los embarazos adolescentes en el país.
En justicia con el procurador, su concepto sólo se opone a que la cátedra se dicte en preescolar y primaria; pero dado el rango de edad de los embarazos, empezar a hablar de sexualidad responsable solo en la educación media puede ser muy tarde, como bien lo dijo la ministra de Educación, Gina Parody. Los estudios internacionales, además, dejan sin piso la preocupación que argumenta el Ministerio Público: cuando se dictan cátedras de educación sexual, se reducen los embarazos adolescentes, los abortos y las enfermedades de transmisión sexual, además de que ayuda en la lucha contra la desigualdad.
Entonces, ¿cuál es el miedo?
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